Ciencia

"Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a si mismo como propiedad pública"
Thomas Jefferson

Foro Mundial del Agua: niegan que sea un bien de la Humanidad



Como suele ocurrir en estos grandes foros internacionales, terminó con un fabuloso dispendio en viajes, organización, agasajos, comidas y difusión, pero con un magro resultado en lo que realmente importaba, que es avanzar en una solución justa, razonable y sostenible para los casi dos mil millones de personas que en distintas partes del planeta carecen o tienen enormes dificultades para conseguir un mínimo de agua potable.
En medio de una crisis profunda del sistema capitalista y la certeza de que las políticas globalizadoras han provocado un aumento en la brecha entre pobres y ricos, el futuro del agua era una posibilidad de comenzar a corregir ese rumbo de catástrofe que lleva la humanidad.
Sólo el 2,5% del agua del planeta es dulce, y de ella, menos de la mitad está en condiciones de ser utilizada por los seres humanos para cubrir sus necesidades elementales.

Las Naciones Unidas estiman que más de un millón doscientas mil personas, en especial en América Latina, Asia y África padecen en diversos grados de la escasez de agua.
Según el Fondo de Población del organismo internacional, si no se toman medidas urgentes, dentro de 25 años, una de cada tres personas en la tierra tendrá poca agua o no conseguirá siquiera acceder al mínimo necesario para sobrevivir.
Veinte países firmaron una declaración en disidencia para reafirmar el principio de que el acceso a agua potable y el saneamiento constituye un "derecho humano básico", más que una "necesidad humana" como afirma el texto oficial que impulsaron Estados Unidos, Brasil y Egipto, entre otros países.
Entre los gobiernos que suscribieron esta declaración en disidencia, están Bolivia, Cuba, Ecuador, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Venezuela y España y se esperaba que en las próximas horas se sumaran otros, incluso del área europea.

En los debates, los técnicos y expertos de diferentes países discutieron sobre los derechos de acceso, control y racionalización de los cursos de agua y sobre la intervención de tecnología moderna. Otro punto de controversia fue el de la construcción de presas. Todos son conscientes de que el agua es un bien cada vez más escaso, y además requerido en forma creciente por industrias y por las poblaciones y estructuras de las grandes ciudades. La contraparte está en las regiones que geográficamente disponen de las mayores extensiones territoriales y las poblaciones más numerosas, pero que se definen técnicamente como zonas "empobrecidas". En muchos lugares del planeta, los pobladores necesitan recorrer decenas de kilómetros para conseguir unos pocos litros de agua dulce, muchas veces sin los mínimos requisitos para ser considerada potable. Esta terrible escasez es la que provoca desertificación y afecta la producción de alimentos. Incide también en la salud de los pobladores por el aumento de las enfermedades infecciosas. También contribuye a la progresiva destrucción de los ecosistemas con lo cual facilita que los fenómenos meteorológicos dejen una mayor secuela de víctimas y daños.

El agua, objetivo de los rapiñeros

El siglo XXI ha sido definido por algunos expertos como el de la "guerra por el agua". Lo cierto es que hace décadas que en diversas zonas del planeta se agudiza la disputa sobre el control de cursos de agua, por reservas del subsuelo, o directamente por el dominio territorial que asegure el uso y disfrute de esas fuentes de recursos. En nuestro continente todos tenemos presente el conflicto generado hace unos años en Cochabamba, Bolivia, cuando la población se alzó contra la privatización del agua potable, una rebelión finalmente victoriosa, pero a costa de varios muertos y heridos. Más recientemente, el presidente Evo Morales dispuso finalizar el contrato con "Aguas de Illimani", el nombre bajo el cual actuaba una filial de una multinacional francesa, denunciando la falta de cobertura y miles de denuncias por abuso contra la compañía que tenía el suministro del líquido vital a las poblaciones de La Paz y El Alto. En aquel entonces, el dirigente boliviano afirmó rotundamente que el agua era un bien y un derecho de la gente, y que no podía considerarse propiedad de nadie. Exhortó entonces a la comunidad internacional a defender y a ejercer la democratización del agua.

La invasión y ocupación de Irak por Estados Unidos y Gran Bretaña en el 2003, tuvo un claro objetivo geoestratégico bajo el falso argumento de las "armas de destrucción masiva" de Hussein. Además del petróleo, el control territorial también apuntaba a los dos rios más importantes de Medio Oriente.
Otra evidencia de la doctrina "el agua es para quien se apropia de ella", la constituye el proceso desarrollado por el estado de Israel, en una conjunción de militarismo y tecnología en perjuicio del pueblo palestino. Allí la ocupación gradual de territorio, y la política de asentamientos, ha estado siempre ligada a las disponibilidades de los acuíferos de la región. El perjuicio para los palestinos es más que evidente.

El Informe del Desarrollo Humano 2006 del PNUD (organismo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones) indica que la distribución desigual se refleja en discrepancias muy marcadas en la utilización del agua entre israelíes y palestinos. La población israelí no alcanza a ser dos veces más grande que la palestina, pero su uso total de agua es siete y media veces más alto. En Cisjordania, los colonos israelíes utilizan mucha más agua por persona que los palestinos y más que los israelíes en Israel: consumen casi nueve veces más agua por persona que los palestinos. Desde cualquier punto de vista, las disparidades son amplias.
Y volviendo nuevamente a nuestro continente americano, recordar que el gigantesco Acuífero Guaraní que abarca amplias zonas del subsuelo de Argentina, Brasil y Paraguay, es objeto de la codicia de los Estados Unidos, cuyo mando estratégico en la región ya intentó incursiones en el área bajo el argumento de que la región conocida como "la triple frontera" esconde actividades de organizaciones terroristas islámicas. Estamos hablando de una de las mayores reservas de agua subterránea del planeta, calculada hoy en 55 mil kilómetros cúbicos (cada kilómetro cúbico equivale a un billón de litros de agua). La recarga natural del acuífero sería de 160 o 250 kilómetros cúbicos cada año, de tal forma que con la explotación de 40 kilómetros cúbicos anuales podría abastecerse a 360 millones de personas, que recibirían una dotación de 300 litros a diario. (Interesados consultar en www.serpal.info el envío 259-04 , "Disputa por el oro azul" que contiene amplia información sobre el tema).


Es necesario un foro democrático y transparente

La declaración final del Foro celebrado en Estambul hace genéricas consideraciones que han sido criticadas por quedar solamente en enunciados vacíos de compromisos reales. El Encuentro es convocado por el Consejo Mundial del Agua, una organización con sede en Francia cuya financiación procede principalmente de la industria del agua.
Maude Barlow, alto asesor del presidente de la Asamblea General de la ONU, cree que estas reuniones son improductivas y afirmó:



Pedimos que la asignación de agua se decida en un foro abierto, transparente y democrático más que en una feria comercial para las mayores empresas del mundo.
La declaración firmada en disidencia por países latinoamericanos y africanos, consta de dos puntos. En el primero reconocen el agua como "un derecho humano", y en el segundo piden que el Foro Mundial del Agua deje de ser organizado por una entidad para ser convocado y dirigido por la ONU.
Este criterio fue también defendido por los representantes de unos 70 países que pidieron el fin del Foro tal como es organizado actualmente. Miguel D'Escotto, nicaraguense que preside la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó críticamente:



...la orientación del foro está profundamente influida por compañías privadas del agua.



El brasileño Óscar Olivera dijo que la humanidad debe recuperar esa visión originaria de que el agua no tiene propietario, que es un bien común de la humanidad, como el aire o, incluso, la Amazonía.

En Sudamérica

Mientras esto sucedía en Estambul, en la llamada Cuenca del Plata se suscribía el Programa Marco, un proyecto que involucra a cinco países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con un crédito del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, aspira desarrollar estudios y acciones para proteger los recursos hídricos comunes, que constituyen el quinto sistema del mundo por su importancia. Se intentará también a través de un monitoreo conjunto, controlar el impacto de la desertificación, de los agroquímicos, la explotación de los acuíferos, sequías e inundaciones.
Claro está que sus resultados no dependerán únicamente del dinero o de la técnica. Será necesaria fundamentalmente la voluntad política de los gobiernos implicados en revisar y cambiar en profundidad criterios y normas que aseguren la posibilidad de alcanzar esos objetivos. Detrás del "dejar hacer" ha estado la presión constante de poderosos grupos del agro-negocio y de la explotación de recursos naturales. Esa voluntad política -salvo puntuales excepciones- ha estado ausente en las últimas décadas. La degradación medio-ambiental y el descontrol han prevalecido favorecidos por la inacción oficial, como ha ocurrido en otras partes del continente.
Será imprescindible que continúe su avance la organización social, los movimientos populares que hasta ahora han sido los más conscientes en defender esos derechos colectivos y rechazar la pretensión de explotaciones industriales amparadas por grandes inversiones económicas, pero con escaso respeto por el territorio y sus habitantes.

Un ejemplo de ello es la lucha constante de las poblaciones afectadas por los proyectos mineros en Esquel o en Catamarca, en Argentina, o el reclamo de chilenos y argentinos contra el Proyecto Pascua Lama de la transnacional Barrick Gold, una amenaza gigantesca contra las reservas y utilización de las aguas de los glaciares comunes entre ambos países.
Actualmente poblamos el planeta unos 6.500 millones de personas. Las previsiones de los expertos indican que sobrepasemos los 9.000 millones en el 2050. A ese ritmo, según estimaciones de las Naciones Unidas la demanda de agua aumentaria a 64.000 millones de metros cúbicos al año.
Una vez más está en manos de los pueblos, de su organización y movilización, la garantía real de asegurar un futuro en paz y con la disponibilidad de los recursos básicos, entre ellos el agua, es decir, la Vida.



Glaciares: reserva estratégica


En el planeta el 97,5% del agua existente es no apta para consumo, es salada. Del restante 2,5% el 70% de encuentra en los glaciares. Esas inmensas masas dinámicas de hielo se extienden, en el caso de nuestro país, preponderantemente desde San Juan y Mendoza hacia el sur a lo largo del área cordillerana de la Patagonia, en grandes campos de hielo continentales.
Además de su importancia como reservorios estratégicos de agua dependen actualmente de ellos poblaciones y actividades primarias en los suelos áridos y semiáridos de esa extensa área del territorio nacional.

A fines del siglo pasado trascendió al público la preocupación que ya estaba instalada en los ámbitos científicos, con referencia a la finitud del recurso agua, en relación a su ciclo biogeoquímico, su uso desaprensivo y hasta su amenaza por el cambio climático.
El agua no es infinita, es un recurso escaso. Lilian del Castillo sintetiza magistralmente: el agua es simple en su composición, vulnerable en su calidad y compleja en su administración.
Precisamente estas cuestiones dieron lugar a un mercado del agua que ya se evidencia en nuestro país. De hecho, el 11 de noviembre varios diarios (La Nación, La Capital) publicaban artículos respecto de la exportación de agua del río Paraná, tema al que me referiré en un próximo artículo.

La ley vetada

Por unanimidad se votó en el Congreso de la Nación una ley de presupuestos mínimos que tiene por objeto la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas. El área periglaciar es el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.
Viene así el Congreso de la Nación a cumplir con su labor de dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental para el efectivo cumplimiento de la Constitución Nacional que en su artículo 41 establece que

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización natural de los Recursos Naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales…

El texto sancionado por el Congreso establece que se hará una individualización de glaciares, un inventario y un seguimiento de su evolución.
La ley prohíbe las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y su ambiente periglaciar, las funciones de reserva y recarga de acuíferos y en particular las que liberen sustancias contaminantes, químicos o residuos cualquiera sea su naturaleza o volumen, también prohíbe la construcción de ciertas obras de infraestructura y la explotación minera o petrolífera.

Para las actividades ya instaladas establece la realización de una auditoría ambiental sujeto a curesultados, otorga un plazo de 180 días para detener las actividades que generen impactos negativos.

Conflicto de intereses

En honor a la verdad el conflicto entre la protección ambiental, la preservación del recurso agua y hasta la salud y supervivencia de pueblos enteros y la minería se remonta, por lo menos, a los primeros años de los '90, cuando el Secretario de Minería de la época Ángel Maza, con la activa participación de su asesor, el geólogo Alberto Tito Lagos, impulsaron la ley 24196 que otorga extraordinarios beneficios para las empresas mineras; la nueva ley quitaba a la entonces Secretaría de Recursos Naturales el control ambiental de las explotaciones mineras y lo dejaba en cabeza, precisamente de la misma de la Secretaría de Minería. Se "ablandaba" el requisito de estudios de impacto ambiental y se lo reducía a una mera declaración ambiental.

Pasados los años y los gobiernos, ninguno de ellos revisó esta situación. Nada se hizo para cambiar lo que estaba mal por algo mejor. Se prefirió gastar saliva desde las tribunas sin atender a los hechos de la salud pública de hoy y el futuro de pueblos enteros.
No estamos sólo en esto. Los intereses son muy fuertes. La explotación de oro y otros minerales en la cordillera es de tal magnitud que impacta también a nuestros vecinos chilenos. De hecho, del otro lado de Los Andes, las presiones habían recrudecido por parte de la empresa minera mundial de explotación de oro Barrick Gold, con el proyecto Pascua Lama (que compartimos con Chile) y la mina que explotan en las altas cumbres por más de 2000 millones de dólares. Esa empresa inició sus actividades en el 2000 y se estima que la reserva de oro es de 25 millones de onzas.

En el decreto del veto, Cristina Kirchner suscribió que: prohibir la exploración y explotación minera o petrolífera (...) daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente.

La presidente ratificó con su firma que "ya existe legislación, como la ley general del ambiente (25.675), y que el Gobierno ha tomado medidas respecto de la cuestión ambiental".
La realidad contrasta con el texto vacío. Ciudadanos de Belén, Andalgalá y Santa María en Catamarca, la comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta del Río, los pobladores de "El pedregoso" en la provincia de Chubut, los habitantes de Gualeguaychú, los pobladores de Calingasta en San Juan, los lugareños de Esquel en Chubut, los de Ingeniero Iacobacci en Río Negro, y otros miles de victimas que día a día ven vulnerado su derecho a un ambiente sano son testigos válidos, particulares damnificados, ignorados por los grandes medios de difusión obesos de publicidad oficial.

La ignorancia activa
Extensas ecorregiones de La Puna, Los Altos Andes, los Bosques andino patagónicos, y el Monte de Sierras dependen de los glaciares. Su población humana y la biodiversidad también.

La agricultura, la vitivinicultura, la fruticultura, el turismo, la generación hidroeléctrica están condicionadas a la protección de los glaciares y al deshielo.
La minería a cielo abierto genera un millonario pasivo ambiental por contaminación con residuos peligrosos. Por añadidura usa millones de litros de agua en ambientes frágiles en los que el ciclo del agua es particularmente vulnerable, restando millonarios volúmenes al uso sustentable y milenario.

¿Qué fundamento tiene la afirmación de que el país crece, si crece su Producto Interno Bruto, cuando decrece el patrimonio natural?
¿Cuál es la razón de ser de una Presidente que, aún desoyendo al unánime voto de los legisladores, no se ocupa de las necesidades básicas de la vida de los habitantes: el agua, la alimentación, la seguridad, la salud?
Todo lo demás carece de sentido cuando lo que está en juego es la supervivencia del pueblo de la Nación de hoy y de las futuras, no tan lejanas, generaciones.