JOSÉ MARTÍ
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Sospechosa omisión en Cumbres de las Américas
La “Declaración de Compromiso de Puerto España”, que ya ha sido consensuada y será suscrita por 34 jefes de Estado –incluido Fernando Lugo– en la Quinta Cumbre de las Américas, que comienza mañana en Trinidad y Tobago, tiene 62 puntos y más de 5.000 palabras. Increíblemente, si bien el documento hace referencia al crimen y la violencia, no menciona ni una sola vez los vocablos droga y narcotráfico, como si ese fuera un asunto secundario de nuestro continente que pudiera ser sencillamente soslayado en esta alta reunión hemisférica, que dice pretender nada menos que establecer una visión y un plan de acción conjuntos para resolver los grandes problemas de la región.
Nadie puede poner en duda que, entre esos grandes problemas, el de la droga y el narcotráfico ocupan un lugar principalísimo en las Américas. Por eso llama poderosamente la atención y genera aguda sospecha que los máximos líderes de nuestros países eludan un tema tan importante. Sobre todo porque ello ocurre en momentos en que se cuestionan profundamente las políticas que se han venido siguiendo en este campo, y es más necesario que nunca debatir amplia y abiertamente las alternativas para enfrentar un drama que, junto con la corrupción, está carcomiendo nuestras sociedades e instituciones hasta sus cimientos.
La razón de la imperdonable omisión habrá que buscarla en la cerrada posición de Estados Unidos, cuyo presidente, Barack Obama, será uno de los firmantes de la declaración. Los demás signatarios simplemente le seguirán mansamente el juego una vez más, sin preocuparles si con ello están o no realmente representando los intereses de sus pueblos.
Estados Unidos utiliza sus cuantiosos recursos para imponer a la comunidad internacional una “guerra a las drogas” que causa mucho daño y ningún beneficio, cosa que por lo visto les tiene sin cuidado. Para ellos es muy cómodo. Es una buena forma de asegurarse que, pese a ser los mayores consumidores de drogas ilegales del mundo, a las mafias proveedoras les resulte más conveniente y seguro establecerse con toda su escoria fuera de sus fronteras, en su patio trasero latinoamericano y caribeño.
De esta manera, mientras el consumo crece en el Norte, la violencia lo hace en el Sur. América Latina es la principal abastecedora de cocaína, marihuana y drogas sintéticas al insaciable mercado estadounidense y, a la vez, es la región con la tasa más alta de homicidios del planeta, con un nivel de criminalidad solo comparable con el del sur de Africa.
Estos hechos están íntimamente relacionados. Hillary Clinton en persona, secretaria de Estado y vocera oficial del gobierno de Obama, ha reconocido recientemente que su país tiene una corresponsabilidad en la grave situación que atraviesan las naciones productoras de estupefacientes. Sin embargo, hasta el momento no han dado señales de un golpe de timón, o al menos de una mayor apertura hacia otras opciones, como la legalización total o parcial, o la descriminalización de la marihuana, como lo plantea la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Esta cumbre habría sido una ocasión ideal para iniciar una discusión sincera y libre de prejuicios sobre el tema en la región, cosa que, lamentable y llamativamente, no pasará.
Tal discusión debe comenzar con el reconocimiento de un hecho evidente: la “guerra a las drogas” ha sido no solo un fracaso, sino un completo desastre.
Hace una década se lanzó a instancias de Estados Unidos una “ofensiva final” al narcotráfico y se prometió, en el marco de la ONU, “un mundo sin drogas para 2008”. Sin modificar una pizca la estrategia y las tácticas ni explicar las razones del rotundo fracaso, ahora la meta es “minimizar y eventualmente eliminar la disponibilidad y uso de drogas ilícitas para 2019”. Nos toman por tontos.
Lo que claramente muestra la evidencia es un ininterrumpido aumento del consumo, de la producción, de la violencia y, a la par de todo ello, del dinero que se derrocha en esta absurda y trágica “narcoguerra”. El gasto del Gobierno federal de Estados Unidos en combate a las drogas dentro y fuera del país ha crecido de 2.000 millones de dólares a finales de los años ochenta a 45.000 millones de dólares anuales en la actualidad.
Pero lo más siniestro es que Estados Unidos pone el dinero y nosotros los muertos. Solamente en México, que es el país a donde se han mudado los cada vez más poderosos y sofisticados cárteles de narcotraficantes, el año pasado se contabilizaron 6.300 asesinatos directamente vinculados con estas bandas criminales de la droga. ¡Un promedio de veinte por día!
Claro que, en contrapartida, la guerra a las drogas tiene muchos beneficiarios. Primero, los propios narcotraficantes, ya que ella les reserva el lucrativo negocio a los competidores más violentos y despiadados, que están más que dispuestos a recurrir a la coima, las amenazas, la extorsión y la muerte para levantar sus fabulosas rentas oligopólicas. En segundo término, los corruptos locales, políticos y altos jefes de los organismos de seguridad que reciben jugosos “peajes” a cambio de protección e impunidad. En tercer lugar, el verdadero ejército de burócratas que vive a costa de la enorme cantidad de dinero y las vidas que se destinan a esta causa perdida.
Todos los demás, incluidos los combatientes reales –soldados, policías, fiscales, jueces, periodistas– usados como carne de cañón y los mismos drogadictos, que deberían ir al médico, no a la cárcel, son sus víctimas. ¿Será que esto tiene alguna importancia para los líderes de las Américas? A juzgar por los hechos, ninguna.
Es para preguntarse, ¿será que también algunos de ellos se benefician con la actual situación?
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