Jose de San Martin
¿QUIÉN SAQUEA A QUIÉN?
Desde la decisión presidencial de estatizar completamente la caja previsional, día a día se están produciendo novedades y reacciones de peligrosas proporciones para el país.
Entre los discursos que circulan sobre el tema se encuentra el del saqueo que, curiosamente, tiene dos versiones: 1) que el robo lo quiere perpetrar el gobierno; 2) que el verdadero atraco es el de las AFJP.
Antes de analizar esta cuestión, quiero declarar mi posición: la Constitución Nacional establece en el artículo 14 bis que “el estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. Por lo tanto, estoy convencido de que el asiento correcto de la caja previsional se encuentra en el Estado. A pesar de esta postura ideológica, y considerando el actual marco de libertad que tienen los afiliados para trasladarse de un régimen a otro, votaría por mantener las jubilaciones privadas.
¿Por qué lo haría?
La respuesta es bastante sencilla: desde la instalación del sistema de reparto, durante la primera presidencia de Juan Perón, casi todos los gobiernos vaciaron la caja previsional al aplicar el dinero aportado por los trabajadores para su jubilación a otras necesidades sociales o, simplemente, como medio para cubrir el déficit de tesorería. De esta manera, una y otra vez, se perjudicó a los originales beneficiarios.
¿Esto puede corregirse en el futuro? No lo creo.
Muchos integrantes de la oposición insisten en que están de acuerdo con el traspaso si se reglamenta la intangibilidad de los aportes. Esta afirmación es inocente por no decir ridícula porque, por un lado la ley actual ya establece la inviolabilidad de los aportes en las AFJP y por otro, el gobierno no tiene reparos en expropiar esos fondos sin indemnización. Nuestro país tiene un mar de ejemplos que muestran que no existen garantías ni intangibilidades posibles cuando el Estado necesita de algo y toma la decisión de obtenerlo a toda costa. Aunque exista una Constitución que marca los límites de los individuos y del Estado, en la práctica no funciona bien porque es constantemente transgredida. En la Argentina todo se deroga si es necesario hacerlo, y como lo necesario lo decide el gobierno de turno, no hay nada que, originalmente, pueda quedar fuera del zarpazo gubernamental.
La tendencia transgresora argentina puede analogarse a la de un violador.
¿Desde hace decenas de años, la propiedad, las reglas del mercado, el capital, el trabajo, las leyes y reglamentaciones vigentes, han sido casi constantemente quebrantadas. Entonces, ¿desde qué lugar se les puede ocurrir a los argentinos que una caja previsional en manos del Estado pueda funcionar bien si se la ha vulnerado sistemáticamente?
Creo que el fenómeno argentino puede analogarse a la de un violador. No lo puede evitar, no se cura y se siente compelido a repetir el hecho. Si bien con posterioridad reconoce el mal realizado, no tiene conciencia de las implicancias de su acción en el momento de realizarla. Del mismo modo que el abusado tiende a realizar de manera activa aquello de lo que fue víctima, las nuevas generaciones de argentinos, al vivir en una sociedad cuyas reglas básicas son violadas por sus mayores, tienen altas probabilidades de transformarse en los próximos victimarios.
Como pueblo, hemos sido condescendientes con nosotros mismos hasta el hastío, buscando continuamente argumentos o explicaciones que justifiquen la recurrente tendencia a contravenir la mayoría de las normas legales y de convivencia que rigen en nuestro país. Entonces, si simpatizamos con la ideología de nuestros gobernantes, las más de las veces convertimos las transgresiones y delitos de ellos en acciones justicieras o revolucionarias, mientras que los delincuentes pasan a ser siempre “los otros”, con los cuales no comulgamos.
Aclarada mi posición sobre este tema, paso a analizar los discursos:
LOS DISCURSOS
Comenzamos por el de nuestra presidenta, Cristina Kirchner.
Ella dijo: “volver a recuperar la solidaridad en el sistema de reparto”.
Efectivamente, la clave del funcionamiento del subsistema de reparto es la solidaridad. Los aportes no están individualizados. Los que trabajan pagan a los que ya se han retirado. El sistema puede sostenerse si hay un mínimo de determinados trabajadores por cada jubilado. La relación dependerá de los montos que hace falta cubrir. Esta ecuación ya no puede sostenerse en el mundo. La mayor tecnificación y la informática generaron una fuerte disminución de la oferta laboral mientras que los adelantos de la medicina incrementaron drásticamente la edad promedio de la vida de una persona. Esto hace que, cada año que pasa, haya en el mundo más jubilados y menos trabajadores activos. Una de las mayores preocupaciones internacionales es la perspectiva de que nos dirigimos hacia un colapso previsional.
Con respecto al subsistema de capitalización, éste está basado en la propiedad privada. Cada aporte está individualizado y le pertenece al trabajador, no a la AFJP. El subsistema tiene apenas 14 años y aún no existen jubilados cuyos aportes fueron entregados enteramente al sistema privado.
Ella dijo que “el sistema privado de jubilación no ha dado respuesta, ha sido ineficiente”.
No se entiende a qué se refiere cono lo de “ineficiente”. Es de conocimiento público que, desde sus comienzos, los resultados de las AFJP muestran que los trabajadores mantienen su capital y han obtenido un beneficio sobre el mismo cuya valoración es subjetiva y depende de las expectativas de cada individuo.
Ella también justificó la medida como “la decisión de recuperar para todos los argentinos los recursos de nuestros jubilados para que no sean más objeto de especulación”. Es un discurso ideológico sin sustento en la realidad económica. En ningún momento peligraban los aportes privados de los trabajadores como para “recuperarlos”. Y con respecto a lo de “objeto de especulación”, es una burda descalificación de la obligación que tienen las AFJP de intentar obtener dividendos sobre el capital de cada trabajador.
Finalmente, su discursivo caballito de batalla fue: “Estamos dando cuatro mil millones de pesos por año para que el 77% del total de los jubilados pueda llegar a la mínima”. “Uno de los tantos argumentos utilizado para justificar la creación de las AFJP sostenía que los millones al mes necesarios para cumplir con el nivel legal de las prestaciones resultaba impagable. Sin embargo, los mismos millones se transfirieron mes a mes a las nuevas AFJP a partir del día siguiente al de su creación”.
Cristina y sus portavoces están manipulando la información económica. Es obligación del Estado fijar los valores mínimos de las jubilaciones y hacerse cargo de todos los años aportados con anterioridad al advenimiento de las AFJP. La creación de estas entidades no significaba que el Estado se podía hacer el distraído con sus obligaciones anteriores.
Es que, cuando nace el régimen de capitalización se produce un déficit transitorio porque los que aportaban a ANSES pasaron a aportar a las AFJP para su propia jubilación futura, pero como los jubilados de entonces debían seguir cobrando y la caja previsional estaba vacía, el Estado debió hacerse cargo del bache económico con otros recursos. La Ley nº 24621, de 1996, proveyó ese dinero al establecer que todas las provincias cedieran el 20% del impuesto a las ganancias para financiar ese déficit transitorio. Por supuesto, si se concretara la desaparición de las AFJP y la expropiación de sus fondos, el Gobierno Nacional tendrá un enorme conflicto a enfrentar: las provincias le exigirán la devolución de todos los fondos que le dieron a la Nación desde 1996 hasta este año. Se calcula que este dinero asciende a unos 32 mil millones de pesos.
Cristina y sus portavoces están manipulando la información económica.
Los voceros más importantes del oficialismo han reiterado los siguientes conceptos:
* “La privatización provocó una transferencia de fondos del Estado hacia el sistema financiero; una real sangría”; * “Si la Argentina no hubiera privatizado el sistema previsional, su presupuesto durante la década del 90 hubiera estado balanceado”; * “Los 12 mil millones de pesos que el sistema privado recibe, en manos del Estado consolidarían definitivamente el superávit del Estado Nacional”.
Todas estas frases son ciertas en los hechos aunque demuestran un error conceptual porque parten de la base de que el dinero existente en la caja previsional pertenece al Estado Argentino y forma parte de la Tesorería de la Nación por lo que pueden ser categorizados y destinados según el mejor criterio del gobernante. Se define al aporte previsional como si fuera un impuesto y se da por sentado que las deudas contraídas entre sectores del Estado casi nunca se saldan.
* “Es el Estado, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, quien debe retomar su rol protector de los ciudadanos, más aún cuando se encuentra en juego el futuro de los argentinos”. El mandato constitucional se refiere a lo fundacional del derecho y no a la forma de accionarlo. Puede cumplir con ese mandato a través de la actual situación previsional: estatal y privada con libre elección de sus aportantes.
OTRAS VOCES PARTIDARIAS
Otras voces, en especial la de los partidarios a ultranza de lo estatal, marxistas, peronistas, intelectuales, reunidos en general bajo el paraguas ideológico de lo -nacional y popular- han proliferado con discursos cuya mayoría expresa calificaciones insultantes hacia todo lo privado y con muy poca relación o realidad sobre los hechos en sí mismos: * “El sistema de las AFJP fue impuesto en el medio del saqueo al que fue sometido el país por Menem, Cavallo y el neoliberalismo financiero”; * “El sometimiento del país a los dictados imperialistas impuso la apropiación por parte de las finanzas internacionales del sistema provisional”; * “Las AFJP arrasaron con el ahorro interno genuino de millones de trabajadores, para jugarlos en la timba financiera nacional e internacional”; * “Las AFJP, verdaderos buitres del sector financiero internacional y nacional, jugaban en la Bolsa de Valores con el aporte de los trabajadores”; etcétera, etcétera.
Pero hay otro discurso interesante para analizar:
* “Las AFJP, invirtiendo en la Bolsa de Valores, perdieron casi un diez por ciento del capital acumulado por los trabajadores.” Por efectos de la grave crisis internacional, efectivamente se han producido pérdidas. Pero parecería lógico que así sea pues la Argentina sufre las consecuencias de esa crisis. Lo que falta decir es que también ANSES soportó un déficit cercano al 16%.
* “¿Ya están alegando que los fondos previsionales se usarán con fines recaudatorios. ¿Y con eso qué? Es obligación, y no sólo derecho, de un gobierno tener bajo sus manos la mayor cantidad de herramientas que garanticen el menor costo posible para sus ciudadanos”. Este discurso confirma, claramente, el concepto de que para un sector enrolado en las banderas nacionalistas y populistas, los aportes jubilatorios no pertenecen a los trabajadores sino al Estado y pueden ser utilizados para lo que éste considere necesario.
* “Se evapora el ahorro de más de diez años”; * “La rentabilidad anual como la rentabilidad histórica han sido negativas”. Ya está demostrada que la rentabilidad general de las AFJP ha sido alrededor de un 10%, por lo que ¿comparadas con qué tipo de rentabilidad afirman algunos que han sido negativas?
* “No se ha logrado crear un mercado de capitales sólido, a pesar de haberse transferido al mercado financiero esa masa de ahorros”. Ha sido justamente lo contrario. Fueron las AFJP las que mantuvieron en movimiento este mercado hasta el momento, vía financiamiento del consumo, participación accionaria en grandes empresas o compra de bonos para el sostenimiento financiero del propio Estado. Un claro ejemplo de su gran importancia ha sido su hundimiento durante los últimos días al conocerse la decisión del gobierno nacional de eliminarlas.
* “La rebaja de los aportes patronales desde el 95 al 2002 fueron de 3.400 millones por año y dañaron al sistema previsional”. Fue así, pero las AFJP no tienen nada que ver con ello. Al contrario, fueron damnificados por esa decisión.
* “Desde el año 1979 a 1995, los gobiernos de Videla, de Alfonsín y de Menem, se apropiaron del dinero que pertenecían a los jubilados y le dieron otro destino”. Es correcto. Pero el discurso está fragmentado. Esta apropiación sucedió desde el nacimiento mismo del sistema de reparto, en 1946, reconocido por el mismo Perón. De allí en adelante, casi todos los gobiernos hicieron lo mismo.
Era injusta la carencia de libertad que tenía el trabajador para decidir sobre su preferencia.
* “Los afiliados a las AFJP eran obligados a ingresar al mercado laboral siendo sorteados entre los jugadores del sistema, no pudiendo el trabajador optar durante años por el sistema estatal de reparto”. Era injusta la carencia de libertad que tenía el trabajador para decidir sobre su preferencia. El gobierno de Kirchner lo corrigió el año pasado y el 82% de los aportantes decidió quedarse en el subsistema de capitalización. Paradojalmente, si prospera el proyecto de eliminación de las AFJP, los trabajadores no podrán volver a optar.
* “Las AFJP eran quienes direccionaban las inversiones, exigiendo al Estado Nacional condiciones en los bonos, con aportes de trabajadores, en negociaciones con el mismo Presidente, imponiendo reglas como hacen los dueños del poder, con plata ajena”. Precisamente por ser dinero ajeno, la direccionalidad de las inversiones amerita la mayor responsabilidad y, para muchos analistas, estuvo aquí la principal falla: las AFJP no debían haber aceptado que el gobierno nacional los presionaran para que compraran bonos del Estado.
* “Esto no se hace para quedarse con el dinero de las AFJP, porque si quisiera, Cristina puede ampliar su participación en ellas”. No es tan así. La reglamentación autoriza la compra de bonos argentinos hasta el 65% de los fondos. Y ya se está cerca de ese porcentaje.
¿IMPUESTO O AHORRO?
Más allá de lo puramente ideológico, es clave definir el concepto que tiene cada uno sobre el dinero previsional que entregan los trabajadores. Parecería que la mayoría de los que apoyan el monopolio del Estado y su libertad para decidir el mejor destino de esos fondos, parten del preconcepto que ese dinero es el equivalente a un impuesto. Si fuera así, como tal, efectivamente el gobierno tiene ese derecho.
Si, en cambio, ese aporte se trata de de un ahorro que hace el trabajador para ser aplicado a la jubilación, y no es un impuesto, esos fondos son intangibles y no pueden ser utilizados para otro destino. Algunos embarcados en este concepto, prefieren el subsistema de reparto, otros, el de capitalización.
La jurisprudencia argentina establece en sus antecedentes que se trata de un aporte, y no de un impuesto, por ello, las deudas previsionales de los trabajadores independientes no pueden ser embargables.
¿Impuesto o ahorro? La respuesta a este interrogante demanda clarificar el conflicto previsional actual.
Enrico Udenio
Autor de “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Ugerman Ed.(2004); y “La hipocresía argentina”, Ed.DeLaRed, 2008.
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