Sociedad y Actualidad

La Legislatura bonaerense aprobó la reforma judicial

Las iniciativas giradas por el Ejecutivo que modifican el Código de Procedimiento Penal de la provincia y acotan las atribuciones del Tribunal de Casación fueron aprobadas hoy por la Legislatura provincial.

El objetivo de estas medidas es mejorar el sistema penal bonaerense.
Las leyes que buscan agilizar el trámite de las causas penales en la provincia de Buenos Aires y descomprimir el cúmulo de expedientes que se encuentran en el Tribunal de Casación, fueron sancionadas hoy por la Legislatura provincial. Las iniciativas que habían sido enviadas por el Poder Ejecutivo, modifican el Código de Procedimiento Penal de la provincia, acotan las atribuciones del Tribunal de Casación y extienden el denominado proceso de flagrancia que acorta la duración de la causa penal para llegar a una sentencia. Los proyectos habían sido tratados la semana pasada en Diputados, pero como el Senado introdujo modificaciones, ambas cámaras sesionaron en tándem para lograr la sanción de las dos leyes. A partir de ahora, el Tribunal de Casación sólo revisará sentencias de delitos cuyas penas superen los 10 años, mientras que los que no lleguen a ese monto de la pena serán revisadas por las Cámaras de Garantías del departamento judicial donde fueron juzgados. Si bien el proyecto original preveía que Casación iba a tener atribuciones sobre las causas con penas mayores a 6 años, los senadores decidieron extenderlo a 10 años, con lo cual acotaron áun más las facultades del máximo Tribunal Penal de la provincia. Según explicó el senador del Frente para la Victoria Roberto Ravalle, esta modificación "posibilitará evitar el cuello de botella que se generan en Casación, que cuenta hoy con alrededor de 7000 causas". El Senado sancionó también la ley que lleva a todos los departamentos judiciales la posibilidad de habilitar el denominado proceso de "flagrancia", previsto en forma rápida para los delitos con penas que no superen los 15 años.El mecanismo, que se implementaba en 11 de los 18 departamentos judiciales, consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión. Establece que al detenido en flagrancia, en el momento de la persecución y captura, se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación.En un plazo máximo de 5 días de la detención de la persona se realizará la primera audiencia en la que el juez puede resolver la excarcelación, sobreseimiento, decidir la prisión preventiva, o las partes acordar suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado. De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado sobreseimiento, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia dentro de los 20 días siguientes. En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ocurrir esto la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días. La sesión de Diputados, la última del período extraordinario, fue seguida desde el palco por el Jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal.

Fuente: Inforegión.com